El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, ha calificado este lunes de inadmisible que desde la Presidencia del Gobierno se licite un servicio de elaboración de oleadas de encuestas e informes asociados de política económica y social, cuando hace menos de un año la Vicepresidencia del Gobierno, con los mismos objetivos, firmó un convenio con la Fundación de Enseñanza Superior a Distancia de Las Palmas de Gran Canaria (FESAD) para la elaboración de un sociobarómetro sobre la realidad del Archipiélago.
Tal y como se explicaba entonces en una nota de prensa, este tipo de estudios corresponden a la Dirección General de Coordinación y apoyo a la Vicepresidencia: análisis y evaluación del seguimiento de indicadores socioeconómicos, así como al evaluación del entorno canario, estatal e internacional, la producción de informes, dictámenes o estudios al respecto”.
Si se compara el contrato del sociobarómetro con el licitado por Presidencia, el primero pretende “contar con información cualificada que pueda servir de apoyo a la acción de los distintos gobiernos que nos acerquen a las inquietudes percepciones, preferencias y aspiraciones de la ciudadanía sobre múltiples materias y ámbitos que van desde lo social a lo económico pasando por lo científico, lo técnico, lo territorial o lo comunicativo”; las oleadas de encuestas de Presidencia de Gobierno tienen como objetivo “sondear el posicionamiento de la ciudadanía ante temáticas de interés para el Gobierno así como el análisis y diagnostico sobre el resultado de los mismos, como herramienta fundamental para la toma de decisiones y coordinación de la acción de gobierno en las distintas políticas sociales, económicas y fiscales”.
“¿Dónde está la diferencia?”, se pregunta Barragán en la nota enviada a Crónicas. A la vista está que los objetivos son plenamente coincidentes y ponen en evidencia lo afirmado ayer por el viceconsejero de Presidencia en sus redes sociales que incidía en que “los contratos no tienen nada que ver “ y que era él el responsable del que ha licitado Presidencia de Gobierno.
Para el portavoz, el responsable es directamente es Ángel Víctor Torres ya que “desde la viceconsejería no se puede tomar ninguna decisión en esta materia sin que haya recibido la instrucción previa de realizarlo”, tal y como contempla el artículo 10 apartado c) del Decreto 356/2019, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia que establece que a la viceconsejería “le corresponde la planificación, diseño y coordinación de la elaboración de los estudios de análisis, seguimiento y prospectiva que le encarguen en relación con las directrices de la política general y el programa legislativo del Gobierno”.
Cabe señalar que la dotación prevista del sociobarómetro entre 2020 y 2023 asciende a 75.000 euros, 25.000 euros anuales, por la realización de 10.500 encuestas. En cambio el presupuesto previsto para las oleadas (trimestrales) de Presidencia del Gobierno se estima en 53.000 euros anuales, renovable, hasta 2023, por la realización de 2.000 encuestas/año.
Desde el Grupo Nacionalista Canario consideramos que estamos ante un escándalo de proporciones considerables ya que los socios de gobierno contratan, bajo los mismos preceptos, estudios demoscópicos que deberían orientar la política general del Gobierno y lo que reflejan es “la descoordinación y desconfianza entre ambas fuerzas políticas y sacan a la luz el derroche de los fondos públicos, destinados a librar batallas internas que nada tienen que ver con los problemas diarios que afectan a los canarios y canarias”.
