El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, ha anunciado este lunes que pondrá su cargo a disposición de los asociados tras ser condenado a dos años de prisión por un delito de fraude fiscal.
El también presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, ha sido condenado asimismo a pagar una multa de 585.896 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Además, Marichal tiene que indemnizar a la Agencia Tributaria con 292.948 euros más intereses de demora en concepto de responsabilidad civil.
Marichal se ha mostrado sorprendido por la publicación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y ha anunciado que pondrá sus cargos a disposición de los asociados. Además, Marichal ha declarado al periódico El Día que ya ha pagado la sanción.
Esta sentencia ratifica la del Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife, que en 2019 condenó al presidente de Ashotel por defraudar 292.947,86 euros junto a su socio en Marmon Atlantis SL, Juan Antonio Moncada, en una operación inmobiliaria al no declarar en el Impuesto de Sociedades las cantidades por la venta de nueve apartamentos a Clínica San Eugenio SL.
El socio mayoritario de Clínica San Eugenio es el padre de Jorge Marichal. La Agencia Tributaria reparó que se trataba de una operación entre empresas vinculadas por la que Marmon Atlantis SL eludió pagar a Hacienda 292.948 euros .
Marichal y Moncada, que ejercían de administradores mancomuninados de Marmon Atlantis SL, no depositaron las cuentas anuales "durante años" y tampoco presentaron la declaración del Impuesto de Sociedades de 2006 a 2020 ni llevaron "adecuadamente" la contabilidad.
Explica el periódico que, según la sentencia, Marmon Atlantis SL fue el vehículo para canalizar la compra venta de los apartamentos sin tributar por la operación.
Se trata de una causa esta que está pendiente de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que no suspende la ejecución de la sentencia.
