lunes 30/11/20

Los nacionalistas canarios advierten que Canarias no va a permitir que se toque el descuento de residente

“Es necesario un frente común; social, político e institucional para evitar que las islas pierdan derechos”, sostiene Barragán. Campos cree necesaria una reunión entre ambos gobiernos para dilucidar los “inadmisibles intentos de laminar” esta conquista y desarrollar los PGE de 2018

 

 

 
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Los nacionalistas canarios han vuelto a reaccionar con prontitud para defender los "innegociables" derechos de los canarios, caso del descuento del 75% para el transporte de residentes. 

Por una parte, en nota de prensa, la alianza Coalición Canaria (CC)-Partido Nacionalista Canario (PNC) ha advertido que el descuento del 75% para viajes interinsulares y con la Península “no puede tocarse porque modificarlo es un atentado contra los derechos de los canarios y un ataque a su fuero” que “ni puede ni debe ser permitido por las instituciones y sociedad canaria”. Con esta afirmación hacía referencia el secretario general nacional de CC-PNC, José Miguel Barragán, al informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) en el que se pone en cuestión su eficacia por cuestiones económicas y se plantea vincular la subvención a la renta de los ciudadanos.

Para Barragán, esta afirmación “es ir contra uno de los principios básicos del REF que es articular mecanismos que nos iguales a los ciudadanos de la Península”. “No se puede vincular”, agregó el líder
nacionalista, “el descuento de residente a las rentas porque eso equivale a pervertir su objetivo final” y recordó que “el REF canario está incorporado al Estatuto por lo que no es posible su modificación” y menos “cuando lo que se alega es el alto coste de la medida para el Estado” que, sin embargo, “sigue sin cuestionar el sobrecoste del AVE, por ejemplo, del que los canarios no nos beneficiamos pero sí contribuimos a pagar con nuestros impuestos”.

El secretario general de los nacionalistas canarios señaló que “la continua insistencia del Gobierno central” en poner en entredicho el descuento de residente “evidencia que siguen sin entender que es un derecho siguen pensando que se trata de un privilegio” y recordó que “este es el segundo informe encargado por Madrid sobre el descuento de residente por lo que hay un claro interés en modificarlo e incluso eliminarlo”. “Esto demuestra que a Canarias hay que defenderla todos los días incluso con la existencia del nuevo Estatuto de Autonomía” por lo que advirtió que los nacionalistas canarios “vamos a estar muy vigilantes para evitar ningún recorte en nuestros derechos”.

Asimismo, cuestionó que el Estado no haya sido aún capaz de convocar “por falta de interés” la Comisión Mixta de Transferencias de competencias y, sin embargo, “lleve meses centrado en buscar informes
que avalen el recorte del descuento de residente”. Para Barragán, “urge” que el Gobierno de Canarias se manifieste en contra de este recorte “porque como primera institución canaria debe salir en defensa de los derechos de los canarios por encima de sus siglas e intereses partidistas” como también deben salir, añadió, “los partidos que conforman el pacto de Gobierno”. “Si hay un intento de merma en los derechos canarios, Madrid se debe encontrar un frente común; social, político e institucional que lo impida”, ha zanjado. 

Ley del PGE de 2018 75% bonificación

NC advierte de que la bonificación del 75% es un derecho “innegociable”de los canarios

Por su parte, el coordinador Territorial de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, ha hecho una seria advertencia ante el nuevo intento, ahora de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), de cercenar la bonificación del 75% en los billetes de avión al resto del Estado para los residentes en las islas porque es un derecho “innegociable”. Los nacionalistas progresistas creen necesaria una reunión entre el Gobierno de Canarias y el estatal para dilucidar los “inadmisibles intentos por laminar” esta conquista de los canarios. También para desarrollar, de una vez, la ley presupuestaria estatal de 2018 que terminará “con todos los problemas” mediante el establecimiento de las Obligaciones de Servicio Público (OSP), que permiten fijar precios máximos de referencia, que son de obligado cumplimiento para las compañías.

Hoy la Airef y, el pasado mes de abril, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ambos informes, según Luis Campos, con un nexo en común, un “intento por laminar un derecho y una conquista de los canarios, a la que no vamos a renunciar”.

Para los nacionalistas progresistas los informes de estos dos organismos se expresan desde el “desconocimiento de la realidad” de una comunidad autónoma, que se encuentra a 1.500 kilómetros de distancia de la Península y donde las conexiones aéreas son “esenciales” para su desarrollo económico y social.

Todo apunta, denunció, a una estrategia para “cercenar” un derecho de los ciudadanos de las islas, a quienes “se nos está demonizando y culpabilizando” en lugar de exigir el cumplimiento de las leyes, como el Estatuto de Autonomía, el Régimen Económico y Fiscal (REF) y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

Luis Campos volvió a recordar que, gracias al voto 176 del diputado de NC en el Congreso Pedro Quevedo, se logró el incremento de esta bonificación al 75%, que se incluyera en la ley presupuestaria estatal con otros desarrollos aún pendientes y ser decisivos para su incorporación en los “fueros canarios que son intocables” y que, como en este caso, tienen el valor de “colocarnos en igualdad de condiciones con los ciudadanos del resto del Estado”.

“Ha llegado el momento” de que los responsables del Gobierno de Canarias y el estatal se sienten a dilucidar los continuos “ataques” a esta bonificación. Pero lo más importante, exigió el dirigente de Nueva Canarias, para que se desarrolle lo establecido al respecto por la ley de los PGE de 2018.

Una de las obligaciones establecidas en la citada norma presupuestaria, recordó, es que que la CNMC fiscalice el proceso de construcción de precios con el fin de garantizar la competencia y velar para que las compañías aéreas no establezcan pactos de colusión que incrementen las tarifas y, si esto sucediera, que se adopten las correspondientes medidas sancionadoras.

Otra, prosiguió, la puesta en marcha del procedimiento para el establecimiento de las Obligaciones de Servicio Público, que permiten fijar precios máximos de referencia, que son de obligado cumplimiento para las compañías. Además están amparados por la legislación estatal y de la Unión Europea a través de la Ley de 1997 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y el Reglamento 2408/92 del Consejo Europeo.

El dirigente de NC detalló el contenido de la Disposición adicional centésima cuadragésima séptima de los PGE de 2018 sobre “Bonificación transporte a ciudadanos residentes en las CC.AA. de Canarias, Illes Balears y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con el resto del territorio español”.

El punto primero dice que “se autoriza al Gobierno para que, durante el año 2018 y con vigencia indefinida, aumente el porcentaje de la bonificación para los trayectos entre las Comunidades Autónomas de Canarias, Illes Balears y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (en adelante, territorios no peninsulares) con el resto del territorio español en la siguiente cuantía: a)El porcentaje de bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros, entre los territorios no peninsulares y el resto del territorio español, pasará a ser del 75 por ciento de la tarifa del servicio regular por cada trayecto directo de ida o de ida y vuelta".

En el apartado b), recuerdan, se establece que "el porcentaje de bonificación aplicable en los billetes de transporte marítimo de pasajeros para los trayectos directos entre los territorios no peninsulares y el resto del territorio español pasará a ser del 75% de la tarifa del servicio regular por cada trayecto directo de ida o de ida y vuelta".

El segundo punto añade que “dentro del respeto a la normativa comunitaria y al principio de libertad tarifaria, las autoridades competentes en materia de competencia velarán para que las compañías prestatarias de servicios de pasajeros no establezcan pactos de colusión que incrementen los precios, pudiendo fijar al respecto, cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen, precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público”.

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