"Hay una incapacidad en la propia Unión Europea de gestionar los flujos migratorios y el asilo, de aplicar la ley y de respetar los Derechos Humanos”
“Se devuelve a personas en frontera, y se realizan devoluciones por acuerdos con terceros países, algo que esta taxativamente prohibido por directrices y directivas comunitarias"
La ruta canaria es el trayecto migratorio más mortífero hacia Europa. En lo que va de año hasta julio, Caminando Fronteras había contabilizado que 1.922 personas habían muerto en el camino, tras abandonar el continente africano a bordo de una patera. El océano Atlántico se ha tragado la vida de 10,6 personas de media diarias. El año 2021 no deja esperanzas para la frontera sur.
Caminando Fronteras daba el aviso el pasado 6 de agosto sobre la desaparición en el mar de 42 personas, entre ellas 30 mujeres, ocho niños y cuatro hombres, que partieron en una patera rumbo al Archipiélago desde la localidad de Dajla, en el Sahara Occidental. La embarcación, mal construida con madera, al zarpar, comenzó a hacer aguas y fue volcada por una ola. Media hora después de empezar a navegar, la lancha naufragó y 42 de los 52 ocupantes desaparecieron en aguas del Atlántico. Los ocho niños, las treinta mujeres y cuatro de los hombres que viajaban a bordo, murieron en el hundimiento. Sólo diez lograron sobrevivir.
El pasado 20 de agosto de 2021, esta historia que ya se empieza a ser habitual, se repetía. Una mujer de Costa de Marfil era rescatada de una neumática semi-desinflada a 250 km de Gran Canaria. Cuando el helicóptero de Salvamento Marítimo la encontró, viajaba junto a los dos cadáveres de los únicos compañeros, una mujer y un hombre de unos 20 años, que el mar había dejado a flote, pero sin vida. Con ello, se sumaban 52 personas, según el testimonio de la mujer, a esas cifras que poco a poco convierten el Atlántico en un cementerio entre Canarias y África.
Seis días después, la situación se repetía, esta vez cerca de la costa de Lanzarote. Entre 10 y 12 personas habrían caído al mar. Tres de los cuerpos recuperados, tres mujeres, eran traídas a la isla de Fuerteventura, sin vida. En el muelle las espera el forense. Certificará el fallecimiento de las tres personas y se levantarán los cadáveres. Autopsia y posteriormente sepelio, así lo comunicaba la Delegación de Gobierno de España en Canarias.
“Después de tanto tiempo la gente sigue muriendo en el mar, se les sigue enterrando en los cementerios de toda Canarias sin un nombre, sin identificar, sin informar a las familias del fallecimiento. Llevo desde 2006 sacando esta pancarta ‘No más muertes en nuestras costas’”, cuenta María Greco. Greco, licenciada en Geografía e Historia y Mediadora Intercultural por el Gobierno de Canarias lleva 16 años dedicando su vida al ámbito migratorio. Actualmente, es Técnica de Migración del colectivo Entre Mares. “La gente se ha acostumbrado a que mueran en el mar y no pase nada, aquí estamos para visibilizar esa terrible realidad”, señala la activista.
El nuevo discurso político sobre migraciones
Greco comenzó a trabajar en migración en Fuerteventura en plena crisis de los cayucos. Desde su punto de vista, lo único que ha cambiado es que ahora, además, existe un discurso político “que no existía en 2006, o por lo menos no existía de una manera tan relevante” en la que se justifica “que se cierren las fronteras, que no se de atención, con un discurso muy poco basado en la realidad, y con una parte de la ciudadanía que se cree sin tratar la información lo que dicen esas voces políticas”. María Greco señala que, al contrario de lo que se cree “de que los inmigrantes tienen derecho a todo, que se les da la nacionalidad”, la realidad “está ahí, junto a la ley de extranjería que no autoriza a residir a nadie en este país y se realiza expedientes de expulsión, otra cosa es la acogida, a la que todo el mundo tiene derecho y más en situaciones de vulnerabilidad”.
“Lo que no cambia es susceptible de que empeore”, asegura la Técnica de Migraciones de Entre Mares. Mientras hace memoria recordando la anterior crisis de los cayucos señala que en España sigue vigente “el mismo modelo de inmigración desde 2006” y lamenta “que los gobiernos digan que no sabían qué iba a pasar esto. No tiene justificación, porque muchas de las organizaciones que dicen lo han advertido tienen subvenciones públicas que tienen que justificar y realizan memorias, donde se recoge una foto de la realidad y avisan de lo que va a ocurrir”.
“Queremos entender que no se hace de forma intencionada, pero hemos visto como han estado malamente acogidos, en situaciones de total vulnerabilidad de sus derechos e incluso de sus derechos sanitarios”, señala Greco.
De julio y sin terminar agosto, la vida de muchas de las personas que parten hacia Europa y eligen como puerta al viejo continente las islas Canarias se ha quedado en medio del Atlántico. En los últimos días hemos visto que esta situación se repite. Ya se superan las 2.000 personas que han fallecido en mitad de la ruta canaria, según Caminando Fronteras. En los últimos dos meses estivales se han estado produciendo naufragios cerca de nuestras costas de forma regular. Y de forma normalizada, ya no nos espanta. En el primer semestre de este año son tantas muertes como en todo 2020.
Unos 7.531 migrantes han llegado de manera irregular a las costas canarias, a bordo de 200 embarcaciones precarias, según los últimos datos del Ministerio de Interior. Esto se traduce en un incremento interanual del 136%, ya que en el mismo periodo de 2020 arribaron al Archipiélago 3.185 personas en 105 pateras.
Sin diseño de políticas migratorias
“No hay una verdadera política de migración y nunca la ha habido”. Greco opina que “hay una incapacidad en la propia Unión Europea de gestionar los flujos migratorios y el asilo, de aplicar la ley y de respetar los derechos humanos”. La Técnica de migraciones de Entre Mares considera que las Instituciones resuelven los problemas migratorios “a salto de mata”, es decir, “a medida que se van produciendo las situaciones, sin diseño de una política de migratoria". Reflejo de esto, según ella, ha sido la gestión de los menores llegados a Ceuta.
“Nadie puede entender lo que ha pasado en Ceuta”, manifiesta Greco. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande Marlaska, inició deportaciones de los menores sin abrirles un expediente, según detalla María Greco.
“La alegación que realizaba el Ministerio de Interior era que habían llegado a un acuerdo con Marruecos, pero, antes de llegara un acuerdo con otro país tendrás que respetar la ley del tuyo propio, y la Ley de Extranjería prohíbe hacer devoluciones en caliente y, sobre todo, de menores sin abrir tan si quiera un expediente”, explica Greco y recalca que “pasar una frontera sin permiso es una falta administrativa”.
“La administración no puede actuar sin comunicar, impidiendo tu derecho a recurrir y a hacer alegaciones. ¿Cómo inicias una devolución sin hacer un expediente a cada uno, a cada menor que vas a devolver?” reflexiona la activista. Greco comunica que en ese momento no existían expedientes abiertos para esos menores, ningún documento que recogiera su identificación ni el motivo de la devolución a su país. “¿Cómo puede ser que estés vulnerando tu propia ley de extranjería, y la ley de procedimiento administrativo?”, y añade, “Se trata de la ley básica del funcionamiento de la administración. Esto no se debe consentir”.
ONGs como Cruz Roja o UNICEF y el defensor del pueblo presentaron un recurso contra las devoluciones de los menores por la vulneración de derechos del menor tras la gestión ministerial de lo ocurrido en Ceuta. El Gobierno argumentaba que era un acto que se realizaba conforme a derecho, “pero no ha presentado ni una prueba de ello. A fiscalía no se le ha presentado nada”, recalca María Greco.
María Greco también señala otra problemática que focaliza los debates sociales cuando se intensifican los flujos migratorios: las devoluciones en caliente. “Se devuelve a personas en frontera, y se realizan devoluciones por acuerdos con terceros países, algo que esta taxativamente prohibido por directrices y directivas comunitarias”. La Ley de Extranjería recoge que es legal hacer devoluciones de personas a sus países de origen. “Lo que no puede hacerse es devolver a un maliense a Senegal o a Mauritania”, subraya la activista y continúa que, muchas veces cuando se realiza este tipo de acciones “se tiene la constatación de que se quedan tirados en el desierto. Una vez en territorio africano la responsabilidad sobre estas personas desaparece”.
Según Greco existe mucho “desconocimiento” sobre las leyes que regulan los flujos migratorios, y cuenta que se ha visto en situaciones curiosas. La representante de Entre Mares, relata que en una de sus intervenciones como Técnica de Migraciones se encontró con el caso de una pareja que se había conocido en Marruecos. Cuando quisieron venir a España se encontraron con que él no podía porque necesitaba un visado: “el visado se pide en el consulado de España y solo se lo dan a quien tiene dinero demostrable”, desarrolla María Greco. “No tienen ni los mismos derechos ni el mismo acceso a la movilidad que puede tener alguien de Europa, como europea se podía mover libremente por casi todas partes del mundo, pero un africano y un latinoamericano no. La mercancía y los productos se mueven libremente, lo que no se mueve libremente son las personas”, sentencia.
Una administración desvinculada del ámbito migratorio
María Greco señala que, bajo su opinión, la administración desconoce lo que pasa en el ámbito migratorio, tal y como demuestran en sus declaraciones”. Según ella, lo demuestran enviando a la población mensajes contradictorios como “hablar de acogida y en el mismo discurso hablar de fortalecer relaciones con el Rey de Marruecos para acelerar deportaciones”.
“Están desconectados” sentencia. Según relata María Greco, desde que comenzó a dedicar su vida profesional al ámbito migratorio hace 16 años, en pocas ocasiones han tenido representantes políticos en las concentraciones por la lucha de los derechos de los migrantes. “La administración no está”, manifiesta. Este hecho se repetía en la última concentración organizada por el colectivo Entre Mares, en respeto por las víctimas de las últimas pateras naufragadas el pasado 20 de agosto. “No creo que les interese, más bien, creo que es indiferencia, que es lo peor que puede pasar”, subraya María Greco.
Para ella, los gobiernos, “no cuentan con personas cualificadas para afrontar la materia migratoria” en donde “no se dota de los recursos suficientes para afrontar esas realidades y lo que se hace constantemente es externalizar la gestión de lo social a una ONG que mantienen a sus profesionales en la precariedad, trabajadores sociales, educadores sociales abogados, etc…con salarios precarios en relación con la responsabilidad que ostentan” y añade que “este país no está preparado para acoger ni para realizar una política migratoria”.
Desde Entre Mares reivindican que, al menos, “se identifique a las víctimas y se comunique a las familias sus fallecimientos”. Actualmente, a los cuerpos “se los traga la mar, no sabemos nada de ellos ni de ellas entre los que hay niños y niñas, y a eso se asiste con impasibilidad absoluta”, concluye Greco.
