El Gobierno central, justo el día en el que el socialista Ángel Víctor Torres ha criticado la equivocación del ministro Fernando Grande Marlaska, ha decidido liberar por sorpresa este martes a primera hora de la tarde a 227 inmigrantes de origen magrebí que se encontraban encerrados en el campamento improvisado del muelle de Arguineguín, con la excusa de que los servicios de asistencia están totalmente colapsados.
El ministro del Interior, como se sabe, había dicho durante su última comparecencia pública para hablar del problema de la inmigración en las Islas que no había ningún inmigrante que hubiera pasado más de 72 horas en ese lugar, cuestión que obviamente tuvo que ser desmentida por el presidente del Gobierno autonómico, quien se va quedando solo en la defensa de la lucha contra la inmigración irregular por parte del Ejecutivo de Madrid y de su compañero de partido Pedro Sánchez.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha tratado de impedir esta decisión, ya que en primera instancia los inmigrantes iban a ser liberados por las calles de la localidad sin ningún tipo de control ni medida de seguridad, en medio de la perplejidad de la ciudadanía de Arguineguín. Posteriormente, reaccionó fletando varias guaguas en las que subieron los inmigrantes para llevarlos a Las Palmas enfrente de la sede de la Delegación del Gobierno y del consulado de Marruecos en la capital grancanaria, una imagen que ha dado ya la vuelta al mundo.
La razón aducida para la liberación es que han transcurrido 72 horas desde que llegaron y los liberados reúnen las condiciones para no mantenerlos retenidos en el campamento. Con esta decisión, la Delegación del Gobierno dice ahora que cumple con la legalidad.
Primeras reacciones
Mientras Coalición Canaria (CC) ha convocado de urgencia una rueda de prensa que se tendrá que desarrollar a primera hora de este miércoles para valorar lo sucedido, rueda en la que estarán el senador Fernando Clavijo y el parlamentario José Miguel Barragán, Nueva Canarias (NC), socio del Partido Socialista (PSOE) en el Gobierno autonómico ha sido la primera formación que se ha expresado con contundencia en contra de la medida adoptada por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. El portavoz parlamentario y coordinador Territorial, Luis Campos, expresa en nota de prensa enviada a este diario su “más enérgica condena” por dejar en la calle a su suerte, y sin dispositivo de acogida, a más de 200 migrantes de las “indignas” carpas del muelle pesquero de Arguineguín. El dirigente de los nacionalistas progresistas denuncia que esta “grave” situación es “fruto de la incapacidad más extrema” de las autoridades estatales. Censura que Madrid “no haya escuchado ni atendido” los planteamientos hechos por el Gobierno de Canarias, el resto de las autoridades públicas y organizaciones sociales implicadas en las islas para afrontar la creciente y constante presión de los flujos vía marítima a lo largo de todo el año. Campos respalda al cuatripartito en su exigencia para que no se vuelvan a repetir estos hechos, pero reclama al Estado que se investiguen las causas y anunció la exigencia de responsabilidades políticas.
“Los hechos ocurridos hoy en Arguineguín son la gota que colma el vaso de la incapacidad más extrema” que ha demostrado el Gobierno estatal, según Luis Campos. Hacinados en un espacio impropio, donde no se puede garantizar una acogida digna y humanitaria, sin las instalaciones ahora comprometidas por el Ministerio de Defensa preparadas y sin proceder con las derivaciones, en opinión de Nueva Canarias se ha producido un hecho “lamentable, agravado” por dejarles en la calle a su suerte y sin un dispositivo de acogida para pasar la noche.
A lo largo de todo el año, criticó el responsable de NC, la Administración estatal ha hecho “oídos sordos” a los planteamientos hechos por el Ejecutivo de progreso, las corporaciones públicas locales y los organismos sociales canarios vinculados. Entre las más importantes, insistió, la necesidad de proceder con las derivaciones a territorio continental, superado el cupo asumible por la comunidad canaria.
Luis Campos se alineó con el presidente del Gobierno, Ángel Vìctor Torres, para demandar que “no se vuelvan a repetir” hechos similares, exigió que se abra una investigación para llegar “hasta el fondo” y anunció que se exigirán las responsabilidades políticas que correspondan.
Pero si contundente ha sido la reacción de NC, mucho más lo ha sido de otro doble socio del PSOE en Madrid y en el Archipiélago, Podemos. En nota de prensa, afirman que “abandonar a más de 200 inmigrantes a su suerte en la calle, sin papeles y sin salvoconducto que les permita seguir su ruta migratoria, vulnera gravemente los derechos humanos, pone en peligro la paz social del municipio y los aboca a quedarse encerrados en Canarias sin recursos”.
La coordinadora general autonómica, Laura Fuentes, considera que “el Estado hace dejación de sus funciones al abandonar a estas personas a su suerte y traslada la responsabilidad a la sociedad canaria, a la entidades locales, insulares y regionales y al tercer sector.
Recuerda que el Gobierno de Canarias, del que forman parte, ha actuado siempre con lealtad hacia el Gobierno central, apoyando en su gestión y cediendo recursos alojativos, y sin embargo, enfatiza Fuentes, “recibe esta deslealtad por parte del Estado”.
Por todo ello, Podemos Canarias considera que tiene motivos suficientes para “pedir la dimisión de un ministro que claramente no está a la altura de las circunstancias y que se ha visto sobrepasado por una gestión que supera sus capacidades", en referencia al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Fuentes entiende que el Gobierno de Canarias “sí ha cumplido con su parte de responsabilidad, asumiendo en solitario la acogida de 1800 menores extranjeros no acompañados con el esfuerzo de un equipo humano que sí ha sabido estar a la altura. Nosotras hemos cumplido, instamos al Estado y a la UE a que cumplan su parte” concluyó.
