El vallado que la pasada semana apareció rodeando la Casa del Inglés (La Oliva), con un cartel reclamando su propiedad para la familia de Ramón González Brito, no cuenta con autorización la autorización del área de Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura, tal y como sería preceptivo al tratarse de un Bien de Interés Cultural, informó hoy en los micrófonos de Cope Fuerteventura el consejero del área en la institución, Rayco León.
Por otro lado, el portavoz del grupo mayoritario en el Ayuntamiento de La Oliva, Isaí Blanco (Coalición Canaria), actualmente en la oposición, relató en este mismo medio que la alcaldesa de La Oliva, Pilar González, informó este martes en una reunión vecinal –dedicada el Plan General-, haber dado licencia para la instalación de ese vallado. Lo dijo "en respuesta a una pregunta de una asociación,", afirmando que "la Casa del Inglés pertenecía a su familia. Lo dijo estando yo presente, y decenas de personas más", aseguró Blanco.
La situación es de "vergüenza", sostuvo el exalcalde, al no entender que aparezca ahora una reclamación sobre la propiedad, cuando el proceso de adquisición del inmueble lleva años en marcha. Además, explicó, la alcaldesa conocía este procedimiento, pues se había debatido en pleno siendo Blanco alcalde y pilar González concejala. Por ello, señaló, esta reclamación solo puede explicarse "por un afán de llamar la atención, o por un interés económico".
En términos similares se pronunció el consejero Rayco León, titular de Cultura y Patrimonio del Cabildo, defendiendo que la prioridad fue siempre la conservación y rehabilitación de este inmueble declarado Bien de Interés Cultural. No podían ignorar el procedimiento de expropiación, entiende, pues "ha sido portada de periódicos en numerosas ocasiones", y cuestiona por ello unos intereses que considera "especulativos". Si la familia se consideraba propietaria de la casa, lo que tenía que haber hecho es atenderla y rehabilitarla durante todo el tiempo que estuvo deteriorándose, entiende el consejero.
Rayco León señaló también la improcedencia de la reclamación, pues la adquisición de este inmueble ha sido tutelada desde un juzgado, dada la reticencia inicial de los propietarios, quienes, según se determinó en el proceso, son los herederos de la familia Manrique de Lara, otrora coroneles y marqueses de La Oliva.
Cabe recordar que el Cabildo de Fuerteventura informó el pasado 21 de diciembre que se había completado la adquisición de la Casa del Inglés, "con el fin de rehabilitarla y darle un uso de carácter social y cultural", y que su compra ascendía a un importe de 314.398 euros.
En cuanto al vallado, apareció la pasada semana, y según información publicada en exclusiva este lunes 1 de febrero en Diario de Fuerteventura, se relaciona con "un escrito presentado en el Cabildo de Fuerteventura el pasado mes de octubre por tres hermanos del exalcalde de La Oliva: José Antonio González Arroyo, padre de la diputada nacional Ariagona González; Carmen Rosa González Arroyo y María Teresa González Sánchez". Según habría confirmado también DDF, "Ramón González Brito era el padre de Domingo González Arroyo, exalcalde de La Oliva, y abuelo de Pilar González", actual alcaldesa.
Por otro lado, fuentes cercanas al expediente de expropiación y posteriormente de adquisición, y en el que han participado entidades como el Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura, y el Gobierno de Canarias, han confirmado a CRÓNICAS DE FUERTEVENTURA que el documento de compraventa al que alude Diario de Fuerteventura existe, que se trata de un manuscrito, pero que no pudo acreditarse en el proceso que tuviera validez.
AMPLIACIÓN | 5/2/2022
Con posterioridad a las declaraciones de Isaí Blanco, y en respuesta a una pregunta de éste en el pleno municipal celebrado el jueves 3 de febrero, la alcaldesa de La Oliva, Pilar González, ofreció aclaraciones sobre la supuesta licencia concedida, indicando que, "en esa reunión, en ningún momento dije que la licencia la había dado yo".
Según explicó, esa licencia data del año 2001, y recriminó a Blanco: "lo que usted ha vertido en un medio de comunicación es una gravísima falsedad, y le pido por favor que por lo menos, lo rectifique".
De ser así, la licencia habría sido concedida antes de la declaración del inmueble como BIC (2005), y bajo el mandato de Domingo González Arroyo, padre de la alcaldesa, y quien ostentara el cargo desde 1979 hasta el año 2003. No obstante, en la sesión plenaria no se aclararon datos cómo la identidad del titular de la licencia, los términos de la autorización, ni a quien corresponde la responsabilidad de colocar el vallado.
